De la democracia

Por qué no voto. Es una pregunta a la que me tengo que enfrentar regularmente, especialmente en ocasiones elevadas a los altares del mundo moderno como son las elecciones. El hecho de que no participe en el sistema democrático es anatema para el vulgo. Por ello he decidido compendiar los argumentos en los que me baso, no sólo para abstenerme de participar en el sistema democrático, sino para oponerme a él. Me declaro, por lo tanto, antidemócrata, o antidemocrático.

Contextualización terminológica

Como hombre sereno, creo necesario primero unas pequeña letras que contextualicen al lector y a los términos que voy a emplear: la democracia responde a una de las tres formas clásicas de gobierno: monarquía, aristocracia y politeia -o democracia-; división que se realiza en función del número de hombres que ostentan el poder. Mientras que el principio monárquico vendría a concretar el poder en una persona concreta, el resto de principios buscaría generalizarlo de forma iterativa: la aristocracia en unos pocos, y la politeia en todos.

Ahora bien, hemos de tener en cuenta que el fin de toda forma de gobierno es el gobierno mismo, siendo un medio por el cual no sólo se decide al gobernante sino que delimita la forma y alcance de dicho gobierno. A su vez, debemos considerar como fin último el bien común, traducido en el pensamiento clásico como el bien de los gobernados mediante la virtud (que no el bien de la mayoría). Ateniendo, claro está, que el medio de la sociedad para que el hombre logre no es el gobierno (sino que debe someterse a poderes intemporales, sean religiosos y filosóficos), el gobernante de la comunidad política debe crear las condiciones adecuadas para facilitar el logro de este fin, que no es natural ni temporal, sino sobrenatural y eterno.

Existe gran confusión terminológica sobre la democracia, por lo que considero elemental hacer algunos apuntes al respecto, siendo un término ampliamente usado desde la antigüedad y habiendo sido usado -deliberadamente- con el objetivo de confundir, creando una dimensión de errores y malinterpretaciones; es necesario apelar a sus distintas connotaciones:

Primero, la democracia es entendida como participación en la vida política, refiriéndonos a que la comunidad tome parte activa en ella. Esto no plantea ni mucho menos un problema, de hecho, al referirnos a la política como ciencia moral prudente cuyo fin es el bien común de la comunidad, sería absurda la exclusión de los integrantes de dicha comunidad.

Segundo, la democracia como forma de gobierno, refiriéndonos a que sirve como medio para la elección de un gobernante.

Tercero, la democracia como fundamento del gobierno, refiriéndonos a que la Verdad, el Bien y la Justicia quedan determinados por la mayoría en sufragio. Planteamiento que constituye, de base, desorden contrario a la doctrina política histórica y tradicional.

Como vemos, las distintas acepciones distan fundamentalmente entre ellas. Habiendo sido la primera secuestrada por el liberalismo, evitando que se use dicho término legítimo en la modernidad sin opción de no empujar a las masas a participar de dicho sistema, viciando la opinabilidad y el juicio. Por lo tanto, si bien dicha definición democrática es un bien, no emplearemos de ahora en adelante dicho término para referirnos a esta participación.

En el otro extremo, tenemos la democracia como fundamento del gobierno; concepto -con origen en el liberalismo- se basa en la eliminación de todo vínculo, producto de la separación filosófica del orden natural y sobrenatural. Al no haber vínculos, se tiende a desarrollar una libertad cuyo fin es la misma libertad, es decir, se transforma en una libertad viciada y viciosa. Como además, la democracia se convierte en el fundamento del gobierno, el número se convierte en un instrumento de poder; y así, las esferas superior no se dedican a gobernar, sino a convencer para gobernar.

Heródoto de Halicarnaso hace una ácida crítica a la democracia en cuanto a que «nada hay más temerario en el pensar que el imperito vulgo, ni más insolente en el querer que el vil y soez populacho», pues «el soberano sabe lo que hace cuando obra, pero el vulgo obra según le viene a las mientes, sin saber lo que hace ni por qué». Para el clásico, es lógico que el vulgo no sepa, pues ¿cómo iba a saber, cuando no ha aprendido de otro lo que es útil y laudable, ni de suyo es capaz de entenderlo?. «¡Haga Dios que no los persas, sino los enemigos de los persas dejen el Gobierno en manos del pueblo!» indica con sagacidad.

Dicho esto, el lector comprenderá que la crítica se centra principalmente en la democracia como fundamento del gobierno, única forma imperante a día de hoy y que hace absurda cualquier discusión sobre la democracia como forma de gobierno, que será citada simplemente por los clásicos, aunque también será ésta sujeto de crítica formal en este análisis.

Estos son los principios que hacen un buen gobierno:

Del principio de autoridad y obediencia

La primera característica fundamental para que se de un buen gobierno, o al menos un gobierno conveniente es la obediencia de los gobernados, pues es obvio que si el gobernante carece de autoridad y cada individuo se «ordena» a sí mismo, no existe forma de gobierno alguna más que de anarquía.

Si bien la obediencia se puede lograr de dos formas: sea mediante coacción o logrando la concordancia entre la voluntad del gobernado y la del gobernante, se hace muy evidente que evitar la coacción es preferible a aplicarla; en primer lugar porque otorga mayor estabilidad al sistema, y en segundo lugar porque la obediencia fundamentada hacia el amor a un bien produce mayor fruto que el se fundamenta en el miedo a un mal.

Tomando pues en cuenta que la obediencia por concordancia de voluntades entre gobernante y gobernado es preferible, dentro de ella también parece lógico que sea ésta fundada en una adhesión racional del bien de lo mandado, pues hace que el fin se presente de forma más clara a la voluntad que con una mera aprehensión emocional de dicho bien. Platón, en la República, reserva dicha aprehensión a los gobernantes, mientras que para los gobernados les basta lealtad a las tradiciones, basada no en Episteme sino en Doxa. Si bien la adhesión racional a cada ley es difícil de lograr, el sentimiento de lealtad, no en una base puramente voluntarista propia de movimientos como el fascismo, sino en una experiencia de lo bueno, que moldee el apetito y, con ello, el juicio; sea más factible.

Encontramos entonces que aquellas formas de gobierno en las que está presente el proceso electivo, presentan una dificultad de base para lograr la lealtad de los gobernados. Esto es debido a que los que no fueron elegidos, así como los que los apoyaban, tienen de partida un incentivo a la deslealtad. Esto es más acusado a mayor número de electores que les sea permitido participar en dicho proceso. De esta forma, descartaríamos la democracia como forma y fundamento del gobierno, que con su sufragio -pretendidamente- universal queda peor parada, así como otras formas de monarquías electivas o ciertas repúblicas aristocráticas, aunque el número de electores sea menor.

Bien es cierto que podría argumentarse cómo hoy día gran parte de la población, o la amplia mayoría, no considera válido ningún otro fundamento del gobierno que no sea el del sufragio, y que cualquier otra forma de gobierno provocaría deslealtad. Es algo paradójico y problemático, por supuesto, pues el principio de autoridad es base fundamental de cualquier forma de gobierno; sin embargo, también podríamos argumentar que, si bien la deslealtad actual a estas formas sería circunstancial al tiempo; la deslealtad a las formas de elección es esencial en su sistema, no existiendo cambio posible. Por otro lado, la obediencia es un medio para que el gobierno ejecute su fin, siendo este la perpetuación y permisividad del desarrollo de la virtud en sus gobernados1, sin embargo la estructura de gobierno tiene que perseguir legítimamente su fin, retroactivo de pervivencia, incluso cuando no hay obediencia, o al menos, estaría obligado a garantizarla.

1 Teniendo en cuenta siempre la razón de ser de lo que debemos considerar un buen gobierno. Pues si bien la democracia como fundamento del gobierno pervierte dicha razón, fomentando el vicio y la dependencia entre los gobernados en lugar de la virtud y la independencia, esto no hace sino convertirlo en una pésima forma de gobierno.

Para Léon Bloy, el sufragio universal no es sino «la inmolación frenética, sistemática y mil veces insensata de la conciencia en aras de la Cantidad». Pues, en efecto, se nos demanda que amordacemos nuestra conciencia, para preocuparnos simplemente por superar numéricamente al adversario. Así, «las elecciones constituyen, cada vez más, el testimonio de una aceleración inaudita, fatal, verdaderamente simbólica y profética hacia la pequeñez de espíritu, la bajeza de corazón y la idiotez».

El sistema democrático se presenta a sí mismo como el único modo de evitar males innumerables en una sociedad ideológicamente dividida. Se pretende que dentro de él cabe dar apoyo a cualquier doctrina política, evitando la confrontación y la violencia. Sin embargo, la experiencia demuestra que tal sistema conduce inexorablemente a la degeneración de las costumbres, al deterioro de la convivencia y al desorden en todos los aspectos de la vida social. Lo cual hoy no es sólo evidente para cualquier español, incluso descreído, que observe la realidad que le rodea, sino que era algo previsible a priori. Porque la partidocracia se funda esencialmente en la búsqueda de voto, para lo cual no hay más eficaz procedimiento que el halago de las pasiones individuales y la permisividad del vicio.

Del principio de estabilidad

La segunda condición necesaria para el gobierno conveniente sería la estabilidad y perdurabilidad. Es evidente que una forma de gobierno donde el gobernante depende del mantenimiento de pactos o coaliciones con otras personas o formaciones, carece de estabilidad; así mismo en una forma de gobierno donde exista el ya mentado proceso electivo, que conlleva a su vez que el gobierno cambie cada cierto período de tiempo, provocando incluso cambio ideológico completo y destructor del anterior. Ante este panorama, también es común que el gobernante, sabido que su fin de gobierno se acerca y será sustituido por el contrario, pretenda dejar el gobierno en las peores condiciones posibles para que se la encuentre así su sucesor. Sea como sea, el gobierno actúa contra los intereses de sus gobernados.

El cortoplacismo se convierte también en característica inestable del gobierno, pues carece de tiempo suficiente para ordenar y aplicar medidas que requieren templanza y serenidad, reduciendo las propias medidas de éste a anécdotas y cambios insustanciales para dar apariencia, sino destrucción del orden anterior: no hay continuidad.

Por otro lado, la perdurabilidad de la democracia se sostiene en el número de votantes. Esto le supone otro problema de estabilidad, pues si el vulgo no participa del sistema electivo, el sistema cae. Esto no ocurre con otras formas de gobierno que persisten por sí mismas.

Del principio de justicia y libertad

La tercera condición para el buen gobierno es la justicia, pues de poco sirve un pueblo leal y un gobierno estable si éste no cumple su fin, siendo injusto. Para que un gobernante sea justo, debe necesariamente mirar por el bien común de su pueblo, y dicho bien debe primar sobre cualquier otro bien privado. Dicha condición parece no existir hoy día, en cuanto que en el sistema democrático los candidatos contraen deudas con determinados grupos de presión, patrocinadores, potencias extranjeras, partidos políticos, etcétera.

Estamos acostumbrados a la pertenencia contractual a un Estado, que ostenta la soberanía a través del orden abstracto al que no podemos dirigirnos, pues no es más que un concepto; que sumado a la consecuencia del espíritu desvinculante e individualista, que engendró lo que podríamos llamar el alejamiento de la sociedad respecto del hombre concreto. La sociedad fue en otro tiempo algo que, impalpablemente, estaba entre los hombres constituyendo su profesión, su familia, su pueblo. No obstante, la sociedad moderna ha convertido al hombre en una criatura al servicio del Estado, el cual le hace creer que es dueño de la libertad que el propio Estado le otorga. Libertad que para obtenerla, ha sido despojado de sus libertades concretas. Así, si el concepto de sociedad es absorbido por el Estado, cuya libertad y justicia quedan abstraídas: no existe libertad ni justicia concretas.

Además, tal y como lo definiría Max Weber el Estado se constituye como monopolio de la violencia, es decir, única autoridad para el ejercicio de la violencia. De base, esto constituye un problema para la seguridad del gobernado, que no tiene forma de defensa legítima contra aquél ente abstracto que debe defenderle, pero en la experiencia conocemos que no siempre es así. Esto constituye, de nuevo, otro problema para el principio de justicia, constituyendo al Estado como un ente injusto. No obstante, este no es un tratado sobre el Estado, sino sobre la democracia, que aunque de alguna forma relacionados, no ahondaré más en el tema.

Del principio de subsidiariedad

Si bien el propio principio queda sometido -y demolido- a la mayoría y al sufragio, es fácil ver el problema que conlleva una justicia abstracta en una voluntad abstracta. Además, al carecer de representatividad real, el principio de subsidiariedad queda también demolido, y no queda sino un centralismo desvinculante, cada vez más global y menos concreto, sin manifestación legal y política de la visión de la comunidad como *corpus mysticum*, del que hablan nuestros clásicos políticos.

Primero, porque es necesario que exista una voluntad hacia al bien común que no puede existir tras la abstracción y el sometimiento de la Verdad a la mayoría. Segundo, porque la propia naturaleza del gobierno democrático tiende a centralizar y a absorber todas las competencias, incluso las que no le competen legítimamente, como la familia o la religión, cuando el principio defiende que el gobierno sólo debe ejecutar una labor cuando se advierte que los particulares o los organismos intermedios no la realizan correctamente.

Del principio eficiente

La cuarta condición introduce la eficiencia, es decir, que el gobernante sea el más apropiado y mejor para el cargo. Suele reducirse vulgarmente en el término meritocracia, sin embargo, presupone que existe mérito en cualquier forma de gobierno producto del proceso electivo. La experiencia demuestra que aquel que vence en el proceso electivo lo hace por retórica sofística más que por méritos propios para el cargo.

Además, teniendo en cuenta que, como hemos visto antes, los medios para el buen gobierno son más ineficientes e ineficaces, es lógico pensar que incluso si garantizáramos que el gobernante es el más eficiente y meritorio para el cargo, los medios de los que dispondrían harían sino defecto de gobierno.


Como resumen, mi crítica y rechazo a todo sistema democrático se basa en su problema estructural, esencial y fundamental. Mi oposición es absoluta contra un sistema que:

  1. Convence para gobernar, antes de gobernar.
  2. Incentiva a la deslealtad al vencedor en gran parte de los gobernados.
  3. Degenera las costumbres y la convivencia, promueve desorden.
  4. Cambia cada poco tiempo y carece de éste para ordenar.
  5. No hay continuidad.
  6. Ostenta la soberanía a través del orden abstracto al que no podemos dirigirnos.
  7. Se establece como única autoridad para el ejercicio de la violencia, eliminando la defensa legítima.
  8. No es manifestación legal y política de la visión de la comunidad.
  9. Centraliza y a absorbe todas las competencias.
  10. Llega al poder por retórica sofística y no por idoneidad, contraen deudas.

Muchos tantos, hombres contradictorios y traidores a estos principios, han dado su consentimiento a este proceso de degradación política gracias a la aplicación de otros tres principios de causa moral, malentendidos -considero-, aislados y cuya conjunción ha dado muestras de una inmejorable eficacia para dejar en la más completa inoperancia política a los correligionarios.

Estos principios son:

Objeción del principio del mal menor

Rectamente entendido establece que, cuando no hay más posibilidad que elegir entre dos males, se ha de procurar el mal menor.

Objeto:

Se hace evidente e intuitivo que la elección del mal menor no produce problema alguno cuando nos referimos a males triviales, como pueden ser la elección de un bien de consumo. Sin embargo, el problema viene cuando lo buscamos aplicar a un verdadero mal. Porque el mal es, como el bien, de clases diversas: no es igual la situación de quien se ve obligado a elegir entre seguir un tratamiento médico agresivo o no seguirlo (males ambos entre los cuales puede el hombre elegir prudentemente sin pecado), que la situación del que se ve obligado a elegir entre pecar de una manera o pecar de otra. Entonces, ¿son las elecciones una mera puesta en acción de preferencias personales? ¿sólo hay que sopesar las ventajas prácticas de los distintos programas? Recordemos que no, pues ya en un inicio hemos distinguido entre la democracia como forma de gobierno, y la democracia como fundamento del gobierno.

Los ejemplos medievales distan mucho de la situación en que se halla quien tiene derecho a voto, pero la doctrina es perfectamente aplicable. La democracia como fundamento del gobierno da un poder irrestricto a los gobernantes electos. Poder ejercido en nombre de la voluntad popular que no ha de someterse a ninguna otra instancia ni divina ni humana, dejando de lado, por consiguiente, la ley natural. Tomás de Aquino defendió que el hombre inocente nunca puede hallarse moralmente perplejo. Hoy en día los moralistas suelen llamar «dilema moral» a la situación que provoca lo que Santo Tomás llamaba «perplejidad». Esa circunstancia se daría si un hombre estuviera obligado a elegir, sin más salida, entre dos acciones pecaminosas.

Transliterando a Castellani: «El principio moral de que es lícito elegir un mal menor vale en determinados casos, por ejemplo el de la legítima defensa, servato moderamine inculpatae tutelae, como dicen. No vale en todos. En el caso de conciencia propuesto por el film El mar no perdona, por ejemplo, el capitán del bote salvavidas que da muerte directamente a algunos de los náufragos para salvar al resto, procede inmoralmente».

Objeción del principio pacifista

Rectamente entendido establece que la paz es un bien deseable y elevado dentro de los bienes socialmente perseguibles.

Objeto:

Si bien la paz es un bien, no es un bien absoluto, pues las contiendas y enfrentamientos no sólo son permitidos, sino obligatorios, cuando se trata de salvar un bien mayor que la propia paz. Su mal uso consiste en hacer de la paz humana el bien primero e irrenunciable.

Además, aunque tomemos como cierto que la paz sea un bien absoluto, seguimos en la misma tesitura pues, ya hemos ido viendo anteriormente cómo la democracia, si bien se presenta como el único modo de evitar males en la sociedad dividida, supone realmente polarización y aún más división social, produce en último término mayor violencia e injusticia, inestabilidad, proliferación del vicio y represión a la virtud, deterioro de la convivencia y desorden en todos los aspectos.

Por lo que incluso si aspiráramos a la paz como bien último, la democracia no sería el método para alcanzarlo.

Objeción del principio de sagacidad

Rectamente entendido establece que el virtuoso ha de obrar con prudencia, diligencia e inteligencia en las cosas, especialmente las cosas de orden superior, como es el ordenamiento de la sociedad política hacia el fin último del hombre.

Objeto:

Sin embargo, dicha prudencia se convierte en maquiavelismo, bien cuando se busca un fin bueno por medios moralmente ilícitos, bien cuando se tergiversan los fines con razones que ocultan un interés mundano o carnal.


Es hilarante que el «voto útil» sea incluso llamado desde los gobernantes con el objetivo de frenar al adversario y convencer incautos.

Como nos señala G.K. Chesterton, la labor de los progresistas sería la de cometer errores; mientras que la labor de los conservadores sería la de evitar que los errores sean arreglados, es decir, a consolidarlos.

Pero lo más llamativo de la actual campaña en favor del «voto útil» es que sus promotores no invocan cuestiones morales asociadas al «mal menor», sino que se limitan a enarbolar cálculos y proyecciones estadísticas. Ya nadie aspira a convencer al votante de que hay una causa proporcionada que permite forzar la conciencia, sino que se apela al más crudo sectarismo del número.

Tan feroz como de costumbre, León Bloy afirmaba que la gente ingenua «espera la Salvación mediante el sufragio universal porque, habiendo perdido la fe, cree que un mal árbol puede dar frutos buenos».

Así, concluyo con la que el único «voto útil» y auténticamente moral sería la abstención. Es falso que sólo exista la posibilidad de voto a alguno de los partidos mayoritarios, como es aún más falso que pueda confrontar al sistema democrático mediante sus propios métodos.

Espero que el lector, tras tales argumentaciones y diatribas, no vea mi abstención a la participación del sistema democrático como una abstención apática e irresponsable, pues nada más lejos de mi intención lo sería; sino una acción voluntaria y política, así como una defensa de los principios clásicos y tradicionales, de la razón y el buen hacer político. Defiendo, pues, a la abstención como única forma, de momento, de lucha contra el sistema ilógico y desnaturalizado de la sociedad.

Considero que incluso en mi consciencia incurriría en pecado, en el hecho de votar, por todo lo aquí escrito.


Bibliografía y referencias

  • «Historias, III», Heródoto de Halicarnaso
  • «De Regno», Tomás de Aquino
  • «Summa theologica», Tomás de Aquino
  • «De regimine principum», Tomás de Aquino
  • «La Monarquía en la Teología de la Historia», Javier Barraycoa, Verbo, núm. 535-536 (2015)
  • «Carta Encíclica Rerum Novarum», León XIII, 15 de mayo de 1891
  • «Cristianismo y política, Louis Salleron», Verbo, núm. 99 (1971)
  • «El orden político cristiano en la doctrina de la Iglesia», Miguel Ayuso, Verbo, núm. 267-268 (1988)
  • «La constitución cristiana de los Estados», Miguel Ayuso
  • «La democracia atea», Francisco Canals
  • «Modernidad y posmodernidad: inflexión del pseudoprofetismo», Francisco Canals, Verbo, núm. 329-330 (1994)
  • «El abstencionismo militante de la Comunión Tradicionalista», Comunión Tradicionalista, 16 de noviembre de 2011

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