Desescalar para acumular: Sobre el Paro Nacional y una agenda de movilización

Por Juan Ballestas Murcia y Julián Harruch Morales

Las jornadas de protesta del Paro Nacional, iniciadas el pasado 28 de abril, han dejado ya decenas de personas muertas y desaparecidas y cientos de denuncias por abusos y excesos de las fuerzas de seguridad del Estado. Frente a esta coyuntura, hay tres ideas que nos parece importante desarrollar. En primer lugar, el terrorismo de Estado, en la magnitud que se está dando, debe leerse teniendo en cuenta el momento de quiebre que significaron las actuaciones de la policía nacional en respuesta a las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá. En segundo lugar, lo más urgente es desescalar la tensión que hay en las calles. Finalmente, se necesita proyectar políticamente qué hacer con el descontento social de cara a la disputa electoral de 2022 y cuál debe ser el papel del Pacto Histórico.

Aunque no se trata de eventos inéditos y, de hecho, suceden con frecuencia en zonas rurales del país —por ejemplo en los procedimientos de erradicación forzada de coca—, lo cierto es que no estamos acostumbrados a ver respuestas tan desenfadadamente violentas ante la movilización social en las grandes ciudades. A plena luz del día, retando a la ciudadanía que los graba, agrediendo a veedores de derechos humanos, las actuaciones de la policía nacional en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades resaltan en su brutalidad y extensión. Los hechos del pasado 9 de septiembre de 2020, con los diez muertos y más de setenta heridos a bala en el marco de las manifestaciones por el asesinato de Javier Ordoñez son el antecedente más reciente de una situación de características similares. En ese sentido, los hechos del 9S parecen haber marcado un punto de inflexión en el accionar policial frente a la protesta ciudadana. A ocho meses de los asesinatos, hasta donde se sabe por canales públicos, solo están siendo formalmente investigados tres patrulleros y ningún mando medio o alto, a pesar de los múltiples videos de evidencia que circularon ampliamente en redes sociales y medios de comunicación. Tan grotesco nivel de impunidad es un espaldarazo inequívoco para el deliquio homicida de los últimos días.

Después del 9S es un hecho que los sectores más reaccionarios de la policía están envalentonados y con ánimo de descararse en las prácticas más brutales de violencia estatal. Esa envalentonada también encuentra sustento en la encendida retórica criminalizante de la protesta social por parte del alto gobierno nacional. El contrato social está en riesgo por las actuaciones calculadas de fuerzas reaccionarias en la república. Son ellos los que incitan al asesinato del pueblo movilizado y que en otros canales activan el llamado a romper la democracia aplicando un estado de conmoción interior.

Ante tanta ignominia, que incluyó la lamentable escena de tener al presidente de la rama judicial leyendo un libreto enviado por la rama ejecutiva, parece inútil hacer un llamado a desescalar la violencia en las calles. Frente al calor de la arenga y la rabia de las escenas de violencia contra manifestantes, se respira no solo un aire que justifica el descontento sino que llama a adelantar vías de hecho. Tenemos que desescalar sin apagar las energías de transformación democrática de la gente. Pero desescalar es entender que no podemos, desde ninguna fuerza que se presuma democrática, avalar un escenario de conflicto social en el que personas se disparen por el bloqueo de una carretera, se queme un CAI con policías adentro o se asesine a sangre fría a ciudadanos que se movilizan. Claro, se puede afirmar que el establecimiento, el liderazgo presidencial, debe pedir perdón, que a ellos les corresponde dar el primer paso. Y aunque eso es cierto, tenemos que operar con las decisiones que tenemos en las manos nuestras.

Doblar la apuesta de violencia solo dejará a más y más personas expuestas a la brutalidad del régimen, acelerará el desgaste y la degradación de la movilización, y jugará en contra de las reivindicaciones sociales que la animan. No defendemos, valga decir, una movilización mansa e inocua. La protesta social no tiene como fin la expresión simbólica de la ciudadanía, sino ejercer una presión eficaz en favor de unas demandas. Pero esto solo es posible, precisamente, cuidando de no descender al caos y proponiendo agendas concretas y realizables dado el contexto y la correlación de fuerzas actuales.

En el escenario que nos encontramos, es necesario un alto sentido de responsabilidad política. Hay que sumar esfuerzos para reorganizar la movilización en torno a objetivos claros y viables, de suerte que se conquisten algunas medidas básicas para aliviar la crisis social, se acumule políticamente en función de las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año y, sobre todo, se detenga rápidamente la sangría de jóvenes en las calles.

Tres puntos, en un listado no exhaustivo, consideramos relevantes en ese proyecto de encauzar el descontento social. En primer lugar, lograr el retiro de la reforma a la salud, esto como un hito para levantar el paro. Segundo, es fundamental que el bloque político que está construyendo el Pacto Histórico trabaje y proponga al país una reforma tributaria que anticipe la visión que se tiene desde esta coalición de lo que será la política económica y fiscal de un gobierno alternativo. También hacer lo propio para la reforma a la salud. El reto es mostrarle al pueblo que sí tenemos una propuesta concreta y realizable.

Finalmente, para desescalar acumulando y avanzando, necesitamos que se construya entre organizaciones, oposición y gobierno un cronograma de trabajo claro sobre lo que significaría una agenda de reformas a la policía nacional, incluyendo sacarla del Ministerio de Defensa. Este punto de reforma a la policía reviste de importancia táctica: debemos ser conscientes de la necesidad de mejorar la relación entre la ciudadanía y la Policía y de que es crucial que nosotros participemos en ese esfuerzo. No son realistas ni prácticas las plataformas de algunas izquierdas sobre la abolición de la policía y el ejército. Tampoco son útiles ni llevan a algún lugar relevante a la hora de construir consensos políticos y aliados dentro de las FFMM. Necesitamos diálogo, reflexión y movilización.